Un año más se abre el curso escolar con la polémica sobre los centros concertados. Según la CEAPA, «la concertada tiene que desaparecer. Ya no es subsidiaria de la pública, sino que ahora mismo es un negocio». Mientras que, para otros, va «de manos del segregacionismo». Según escribía Doménico Chiappe en Ideal, el pasado jueves, el 67% de los alumnos de primaria y secundaria cursan sus estudios en centros públicos, y un 33%, en centros concertados.
Leyendo, hace unos días en Zarauz, «El Diario Vasco», me sorprendió la noticia de que el Gobierno Vasco elevaba a 606 millones de euros la financiación de la red concertada; 27,5 millones más que el ejercicio anterior. Red que formar a la mitad de los alumnos que cursan estudios no universitarios: 49,2%
Estos datos se prestan a múltiples análisis, con resultados diferentes. La enseñanza concertada la establece la LODE, en 1985, con carácter subsidiario de la pública. Y la consolida la LOE, en 2006, eliminando lo de subsidiario. Cataluña es la que más invierte en ella este curso, superando los 1.100 millones, seguida de Madrid y Andalucía, con un presupuesto cercano a los 1000 millones. ¿Por qué la hostilidad de un sector de la izquierda hacia la educación concertada? Porque creen que segrega e ideologiza a los alumnos. Pienso que no es así, pues, si catalanes y vascos constataran esos factores, retirarían las subvenciones. En la actualidad, la única enseñanza ideologizada es la que está en manos de la izquierda y del independentismo. Pensemos en la Facultad de Políticas de la Complutense o en la educación catalana, en todos sus niveles.
La educación concertada, como empresa privada, gestiona mejor los recursos que la empresa pública. (No hay más que recordar la deuda del Ayuntamiento de Granada y el retraso en el pago a proveedores). Coordina la metodología, el trabajo, el orden, la disciplina… del centro, en aras de la eficacia. Y con la mitad de coste por alumno. De esto es consciente el Gobierno Vasco, líder en gestión de los recursos públicos. Por lo que delega el 50% de la enseñanza en la concertada. E incrementa la subvención (27,5 millones) para la subida de sueldos de esos docentes, que el curso pasado perdieron un mes de trabajo por huelgas. No sólo eso, sino que ha convocado subvenciones de 1,2 millones para apoyo de alumnos con necesidades especiales, tanto en la concertada como en otras entidades.
Se critica, además, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha creado la Dirección General «Educación concertada, becas y ayudas». Pero también puede verse el lado positivo: control centralizado de las subvenciones, de la gestión…, y mayor atención a los problemas del sector. Control repartido actualmente entre numerosos Inspectores educativos.
Vuelve a ser recurrente que la concertada opera en las ciudades y abandona la “España vaciada”, los pequeños núcleos de población. Evidentemente. Porque económicamente es insostenible. Ahí, y en los alumnos con necesidades especiales es donde el Gobierno tiene que intervenir, asumiendo la labor, con mayores recursos públicos.
Resulta sorprendente que se silencie uno de los datos más sangrantes de la concertada: que los profesores trabajan más horas y ganan menos que en la pública, a pesar de su eficiencia. Que no han pasado oposiciones, que no han sufrido desplazamientos…., sí. Pero carecen de la estabilidad de los funcionarios y viven permanentemente sujetos a la presión de los empresarios, de la efectividad en el trabajo y de los resultados académicos.
Recuerdo a antiguos directores de Instituto que pedían una gestión privada para la enseñanza pública, a fin de optimizar resultados. No gozaban de la simpatía de los compañeros, porque esto supone someterse al control en el trabajo, del que huye todo funcionario.
Publicado en IDEAL de Granada, el miércoles 25de Septiembre de 2019