Es frecuente oír que el Estado no debe subvencionar la enseñanza privada, sino invertir ese dinero en la calidad de la enseñanza pública. Las manifestaciones contra la Lomce llevan, entre otros, el lema “Por una enseñanza pública de calidad”. Y acusan “al ministerio de intentar desprestigiar al sector para favorecer la privatización de la enseñanza”. Lo primero que se puede observar, en mucha gente, es una confusión entre enseñanza privada y concertada. La enseñanza privada, elegida por los padres que pueden costearla, está localizada fundamentalmente en las grandes ciudades, y tiene una finalidad lucrativa para los empresarios, por lo que ofrecen, como principal instrumento para ello, la calidad: con plurilingüismo, técnicas pedagógicas, recursos y actividades de las que no disponen la concertada y la pública. Ojalá que media España pudiera estudiar en la privada. Supondría que muchas familias disponen de recursos para ello; aunque también pondría de manifiesto que la educación pública no ofrece el nivel deseado. Si los Colegios privados recibiesen alguna ayuda de los Gobiernos, ¿sería un delito? No, porque son empresas de colocación de profesores y de educación a coste cero para el Estado. Y a otras muchas empresas se les da subvenciones sin desempeñar una función social.
El caballo de batalla no es la educación privada, sino la concertada. Educación que se imparte mayoritariamente en colegios de la Iglesia Católica. ¿Por qué se genera el conflicto entre la izquierda y la concertada? Porque “con dinero público se subvenciona al cien por cien la enseñanza religiosa; las escuelas religiosas privadas se sostienen con los impuestos de todos (….); en financiar el privilegio y la educación religiosa se van los fondos que por ser de todos deberían sostener la enseñanza pública”, dice Muñoz Molina en Todo lo que era sólido. Bajo esta óptica parece funcionar también la Junta. Pero en España no se financia la enseñanza privada, sino la concertada. Y el coste por alumno en la concertada de Andalucía es de 3.000 €, y el de la pública, de 5.352 €. ¿Por qué suprimir, en tiempos de crisis, algo que es tan rentable y tan solicitado por padres que pagan sus impuestos como cualquier otro ciudadano? Y, en cuanto al “adoctrinamiento” y a la “educación religiosa”, no debe de ser tan agobiante, pues en los actos religiosos no es la juventud la que predomina, ni las consultas psiquiátricas experimentan listas de espera para atender a los jóvenes traumatizados en la concertada.
Comunidades, como la vasca, que tienen el mayor número de conciertos (49,52%), o la navarra (33,77%), obtienen los mejores resultados en todos los niveles de la educación no universitaria, incluida la formación profesional. Andalucía, con el 20% de conciertos, se queda en los niveles más bajos. Parece que al País Vasco la concertada le permite ahorrar para invertir en la calidad de la pública, porque gastan por alumno el doble que Andalucía: 10.000 €.
Lo que no he visto denunciar a los detractores de la enseñanza concertada son las condiciones salariales de los profesores, ni los horarios de los mismos. Ni tampoco ofrecer datos que demuestren que la calidad de los colegios concertados, con menos personal y recursos, sea inferior a la de los colegios públicos. Hasta hace poco, se decía que la mayor calidad era debida a la selección del alumnado por parte de los colegios concertados. Pero, ahora, las normas de escolarización no lo permiten. Por lo que se juega con las mismas cartas; es decir, con alumnos de similar status social, al proceder de la misma zona.
¿Qué sucedería si cerraran todos los colegios que imparten enseñanza concertada? ¿Dónde se recolocarían los profesores y alumnos? ¿Podríamos asumir el coste real de ese sector? No van a cerrar. Pero, si hubiese peligro, la Junta decretaría, vía de urgencia, la expropiación de todos los Centros, al no ejercer la función social para la que fueron construidos y equipados. ¡Igual que con las viviendas…!
(Publicado en IDEAL de Granada, el 31-2013)