La Iglesia Católica ha desarrollado un papel importante en la educación de los españoles en la segunda mitad del siglo XX. Cuando España no tenía infraestructuras para la educación secundaria, y los Institutos se ubicaban en las capitales de provincia y en las grandes poblaciones, los colegios religiosos y los seminarios impulsaron la formación de jóvenes del mundo rural, y que no disponían de recursos para desplazarse a la capital. De ese vivero salieron numerosos profesores de Universidad, infinidad de maestros, empresarios, policías, médicos…
Se puede observar una doble impronta entre las personas que se formaron en el ámbito eclesiástico. Los que agradecen la formación recibida y recuerdan con cariño aquellos años de convivencia, y los que exhalan odio contra los curas y la religión: parece que fueron víctimas de una experiencia traumática. Entre éstos pudiera encontrarse el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Persona que fue religioso en la Congregación del Sagrado Corazón, y profesor en la Orden hasta los treinta años, cuando «cuelga los hábitos» y convalida sus estudios eclesiásticos de filosofía, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue catedrático de Metafísica, y Rector. Y digo esto, porque en el informe que presentó el pasado mes de octubre sobre los abusos sexuales en la Iglesia, denunciaba «el impacto devastador» de esta problemática, y la respuesta «insuficiente» y «dilatoria» de la institución.
Aunque el informe merece un amplio análisis, para el que no tengo espacio aquí, es curioso que, seis meses después de entregar el mismo a la Presidenta del Congreso, el Consejo de Ministros, previo al «retiro espiritual» del Presidente del Gobierno, apruebe un plan para «indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, cuyos casos se produjeron hace décadas, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes». Y el Ejecutivo, según Europa Press, para dar respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. «Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos». Además, exige a la Iglesia la compensación económica establecida en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre.
El Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüeyo, muestra su disconformidad, porque la Iglesia hace tiempo que viene trabajando y reparando lo que le corresponde. Y porque esta normativa se ha hecho específicamente para la Iglesia (ad hoc), y tomando en consideración casos que no pueden ser probados o que están más que prescritos en la vigente legislación. Por lo que es discriminatoria, ya que hay abusos en numerosas instituciones sociales: en familias, colegios, clubs deportivos, centros de menores… Y los de la Iglesia representan un porcentaje exiguo respecto a la totalidad.
Pero el tsunami político levantado por Sánchez ha oscurecido un tema recurrente de acoso y derribo a esta Institución que, con sus luces y sombras, sigue aportando grandes servicios a la sociedad. Pese a quien pese.
Publicado en IDEAL de Granada el miércoles 1 de mayo de 2024