La Grámatica, en el estudio de la Legua, distingue entre «categoría» y «función». Cada categoría reúne a un conjunto de palabras que adoptan morfemas comunes (de género, número, tiempo, persona…) y semánticamente denotan unas realidades o comportamientos determinados. La función es el papel que cada palabra desempeña en el acto de la comunicación. Si decimos que «Juan ha matado una serpiente», y cambiamos de sujeto y de objeto, «una serpiente ha matado a Juan», los hechos difieren sustancialmente. Son conceptos simples, pero poco asimilados por los usuarios de la lengua.
La realidad lingüística la podemos trasladar al ámbito social. Una persona puede ejercer distintas funciones: de padre, de policía, de mecánico, de comercial, de mediador… Lo que nos lleva a reflexionar sobre la actualidad en que vivimos. ¿Un policía es policía las veinticuatro horas del día? No. Sólo las horas en que desempeña su función. Al menos, en democracia. Fuera de servicio, es un ciudadano más, un padre, un hijo, un cliente… Si un caballero golpea a un vecino, la acción será tipificada como agresión. Pero, si agrede a su esposa, nos encontramos con violencia de género, porque la víctima es una mujer.
En los años noventa del siglo pasado, cuando se descubre el «caso Juan Guerra», hermano del «mordaz» Alfonso, (caso que tiene algunas connotaciones con el de David Sánchez), el entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno de Felipe González, dijo: «el Vicepresidente del Gobierno no tiene constancia de esos hechos». Efectivamente, podía no haber urdido, durante su trabajo oficial, todo el entramado de Juan, aunque los conociera como hermano. Pero, sofísticamente, el astuto Guerra se fue por la tangente.
Esta situación, recurrente en la vida política, ha vuelto a estallar en la persona del presidente del Gobierno. ¿El cargo de presidente se encuentra revestido de una sobrenaturaleza como la de un obispo o un chamán? ¿Si en una montería recibe una bala perdida, el cazador amigo ha herido al sujeto Pedro, o al cargo de presidente? El aparato jurídico del Estado ha desplegado toda su artillería a la caza del juez Peinado, a quien acusan de estar desprestigiando a «la Presidencia del Gobierno». ¿Cierto? Este caballero, en el ejercicio de su «función», trata de investigar si el ciudadano Pedro, excediéndose en sus atribuciones, ha favorecido a los patrocinadores de su esposa, o no. Porque las «presidencias», las «monarquías», las «iglesias» son entes de razón, y de los actos sólo son responsables los miembros que actúan en su ámbito.
Aunque el cargo de «presidente» dignificara todas las actuaciones del mismo, incluidas las biológicas, no cabe duda de que su marco de actuación lo determina la Ley. Y del mismo modo que un sustantivo no puede funcionar de verbo, un presidente no debe repartir dinero a su antojo, ni desmontar una monarquía constitucional para convertirla en Estado Federal, conforme al objetivo de la «declaración de Granada», de 2013. La soberanía sigue estando en el pueblo. No en el Parlamento, convertido actualmente en «patio de Monipodio».
Granada, 4 de agosto de 2024