Hace menos de un año se publicó, en Ediciones Deusto, «Un país posible. Manual de reformas políticamente viables». Una treintena de catedráticos y expertos, abordan temas como la educación, las reformas fiscales, el mercado de trabajo, la vivienda, la polarización, la productividad, la reforma de las pensiones… Mónica Martínez Bravo escribe que «La mejora de cualquier proceso implica recopilar datos, analizar posibles problemas, experimentar con diversas soluciones, implementarlas y evaluar el nivel del progreso alcanzado». Estrategia que aplican las empresas privadas para mejorar y sobrevivir, frente a la competencia. Sin embargo, las empresas públicas huyen de cualquier análisis sobre los resultados de su trabajo. Respecto a la educación, L. Cortázar y A. Cabrales apuntan en el libro que hay que «cambiar de una cultura de la opacidad, en la que el sector educativo vive cómodamente, a una cultura de la evaluación en la que fluya la información y todos los sectores comprendan las consecuencias de sus acciones». Pero esta cultura de la evaluación sigue teniendo fuertes resistencias. La Universidad siempre dispuso de los datos de Selectividad. Se le comunicaba a cada Centro la nota media que había alcanzado por asignatura y el puesto que ocupaba en el distrito. Pero se evitaba hacer comparaciones o valoraciones de los resultados.
La última ley de educación, LOMLOE o Ley Celaá, establece pruebas de diagnóstico para 4º de Primaria y 2º de ESO, similares a las de PISA o PIRLS, tanto a nivel nacional como autonómico. Las nacionales han caído en el baúl del olvido. Andalucía las ha realizado los días 7, 8 y 9 de mayo. En cuanto la Consejería publicó las instrucciones para las mismas, el 4 de abril, los sindicatos CGT y USTEA, lanzaron una campaña en contra. Pedían el boicot a las pruebas por parte de docentes, de padres y de alumnos. Y, ¡oh casualidad!, antes de esas fechas los exámenes circulaban por las redes… Los resultados de los controles están por publicar. Y, lo que es más importante, deben valorarse. Y tomar decisiones, sin ceder al chantaje.
Es cierto que hay que mejorar la ratio profesor-alumno, la atención a la diversidad, los refuerzos, las condiciones económicas de los docentes, el porcentaje del PIB dedicado a la educación… Pero también el sistema de acceso a la carrera docente, a la que deben optar los mejores alumnos en conocimientos, capacidad de liderazgo, técnicas pedagógicas… Se habla, incluso, de establecer un MIR, que aquí sería un PIR (profesor interno residente). La superación de una oposición no puede garantizar un puesto de trabajo vitalicio. Y lamentablemente es así en todos los niveles de la enseñanza. ¿Por qué no seguir los ejemplos de Canadá, Finlandia, Japón o Corea del Sur?
La Administración dispone hoy, en la educación, de datos de alumnos, profesores y centros, igual que Hacienda de los contribuyentes, para estudiar, junto con la comunidad científica, los problemas del sistema y tomar las decisiones pertinentes. No vivamos bajo el paraguas de las ideologías, que dinamitan la eficiencia.
Publicado en IDEAL de Granada el martes 18 de junio de 2024