No cabe duda de que la ola de manifestaciones que está protagonizando el sector agrario español incomoda seriamente al Gobierno de Sánchez, pues, como en otros muchos ámbitos, recibe un legado de difícil gestión. Los disturbios en distintas carreteras y ciudades, insignificantes si se comparan con los provocados por los CDR en Cataluña, han movido a tomar algunas medidas en el Ministerio de Agricultura y han avivado la reflexión sobre la diferencia de precios que cobra el agricultor y paga el consumidor.
En Francia, pionera en la lucha democrática y en la defensa de los derechos civiles y humanos, hemos visto numerosas manifestaciones de agricultores, con aterradora violencia: cortes de carreteras, incendio de camiones, destrucción de mercancía española… Era la lucha por la supervivencia, la lucha contra los precios de las hortalizas españolas y marroquís o contra la importación de leche de Irlanda, Dinamarca u Holanda. Pues, como expresa uno de los personajes de Houellebecq en «Serotonina», «el número de agricultores ha disminuido enormemente los últimos cincuenta años en Francia, pero todavía no ha disminuido lo suficiente. Todos los años tienes a centenares de agricultores que echan el cierre». Y, con un realismo sorprendente, confiesa que, con la entrada en el comercio global, «la batalla por la producción mundial no la ganaremos».
En España el debate se ha centrado en el ataque a las ganancias de las grandes distribuidoras, con campañas a favor del comercio local y de barrio, como la patrocinada por la Diputación de Granada y otros organismos, con el lema «Nos beneficiamos todos». E invitándonos a consumir productos de proximidad. Los 18.000 comercios pequeños y medianos que nos sirven en la provincia granadina tienen su función específica en cuanto a consumidores y productos. No pueden competir con las Grandes Superficies en variedad y calidad: vinos, licores, frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, embutidos…, sin mencionar otros productos. Es frecuente ver en determinadas secciones de éstos: «Bajada de precio». No se atenta aquí comercialmente contra nadie, sino que tratan de vender, a precio de coste o perdiendo, productos de caducidad inminente. Al margen de las cooperativas que trabajan extraordinariamente en la comercialización de productos, encontramos otras muchas empresas que «sangran» miserablemente a los agricultores, con márgenes de ganancia que superan al viejo capitalismo. La solución es compleja, por la cantidad de afectados en la producción, en la logística, en la distribución…
En cuanto a consumir productos de la zona, hay que matizar. Pasaron los tiempos en que el agricultor repartía por las tiendas sus tomates, sus pimientos, sus brevas, sus cebollas…, de la vega de Granada o de los pueblos. Pasaron los tiempos de los fielatos. Aunque todavía encontramos las habas frescas en los campos de Huétor Vega y Cájar, los sacos de naranjas o los tarros de miel en Lecrín. Y es que estamos sometidos a normas sanitarias rigurosas que sólo pueden cumplir las cooperativas con un control de los productos desde la selección de semillas, la supervisión de fertilizantes y fitosanitarios, y desechando los alimentos que no cumplen los estándares establecidos.
Con todo, muchos echamos de menos los paseos con la lechera a las vaquerías del Camino del Cañaveral, donde comprábamos la leche caliente y espesa. Pero degustamos todavía los exquisitos calostros de cabra, el queso y el requesón con el que aún nos obsequian y deleitan algunos pastores de la Alpujarra, los Guájares o Lecrín. No tienen fecha de caducidad: se la pone nuestro apetito insaciable. Hasta que el Director de Protección Animal, Sergio García Torres, nos prohíba «robar leche a los animales». No sé cuántos chotos nos quedan por compartir con los viejos amigos, tapeando la asadura con cebolla… Los que la edad provecta y las nuevas tropas intolerantes de veganos nos permitan.