Rebeca Alcántara, desde Motril, nos informaba, en Ideal, de que Ana Rubia acaba de «formar una asociación y un grupo de Facebook para evitar los posibles peligros después de haber sufrido cuatro robos en su negocio en el último año». Noticia que parece irrelevante frente a las que generan estas semanas el juicio al «procés», la precampaña electoral, los «viernes sociales» de la Ministra Montero, la prohibición de la caza en Castilla León o la ciclogénesis feminista en torno al 8 de marzo.
En esta misma línea, en el Centro de Barcelona, los comercios están contratando guardias de seguridad privada y debatiendo la vuelta de «los Serenos» por la noche, que ya no recibirían la propina de los que regresan de madrugada, sino sueldos de 1.200 €, pagados por vecinos y empresarios. En los caminos rurales de la Costa Tropical observamos, en muchas parcelas, numeraciones seguidas de una flecha. Estas pintadas con brocha o spray nos mueven a pensar en que Fomento va a llevar a cabo, por fin, la ejecución de los proyectos de las eternamente prometidas canalizaciones de Rules. Pero, si recabamos información, no son fruto de un «viernes social», sino de muchos «viernes de dolores»: los reiterados robos que han obligado a los labradores a contratar seguridad privada para esas fincas. A pesar de que el pasado año se detuvo en Andalucía a cerca de dos centenares de personas, la inseguridad en el campo continúa: ajos, aceitunas, almendras, subtropicales, maquinaria agrícola, paneles solares…
La empresaria motrileña, líder de «Patrulla Vecinal Motril», es un ejemplo de serenidad y sensatez. Tratan de responder a la violencia sufrida por ella, y por muchos de sus conciudadanos, con información que pondrán a disposición de las Fuerzas de Seguridad. Intentan prevenir y encontrar a los delincuentes. No quieren quedarse inactivos. Y son conscientes de que en cualquier tipo de actuación violenta la ley descargaría más fuertemente sobre ellos que sobre los chorizos. Lo constatamos diariamente en los mismos Agentes de la Autoridad, a quienes se les mira con lupa, para analizar si, en el desempeño de sus funciones, han ejercitado la fuerza con proporcionalidad o no.
Es preocupante que nos veamos obligados a formar patrullas de autodefensa, por la ineficacia del Estado de Derecho. Grupos, cuyas actuaciones podrán ser declaradas ilegales y penalizadas por cualquier juez.
Pero nos acostumbramos a todo. «Por su seguridad, mantenga controladas sus pertenencias», oímos reiteradamente en los aeropuertos, mientras esperamos el checking o el embarque. Las compañías de seguridad nos acosan diariamente con publicidad agresiva para que instalemos alarma o contratemos un seguro para nuestras viviendas. Y lo vemos normal. La misma policía nos informa de cómo proteger la vivienda en vacaciones o en las ausencias.
Pero, ¿por qué los ciudadanos de a pie, anónimos, que pagamos nuestros impuestos, debemos pagar también nuestra seguridad? ¿Por qué los ciudadanos de a pie, anónimos, tenemos que sufragar también la seguridad de nuestros políticos? ¿Por qué, se ha repetido muchas veces, tenemos que pagar la seguridad del chalet de Galapagar a dos ciudadanos a los que abonamos, además, suculentos sueldos y que desprecian a nuestras Fuerzas de Seguridad? ¡Que sus «Círculos» patullen en torno a la humilde morada!
Los Sindicados de la Policía Nacional y Guardia Civil hace tiempo que vienen denunciando públicamente la carencia de personal y de medios para atajar el problema. Y, en privado, la ineficacia de las leyes que permiten la reiteración de actos delictivos, así como la benevolencia de muchos jueces con los delincuentes. El mal no se puede erradicar de la sociedad, porque es intrínseco al ser humano, aquejado de múltiples psicopatías y perversiones. Pero hay que poner los instrumentos coercitivos, policiales y de reinserción para combatir sus efectos.
Publicado en IDEAL de Granada el martes 12 de marzo de 2019