El cambio climático afecta a nuestro Planeta como una enfermedad letal que lentamente puede acabar con la vida terrestre, si no somos capaces de adoptar medidas que frenen el proceso. Afortunadamente, por la presión de los movimientos ecologistas, se está actuando sobre la contaminación industrial, la fabricación de coches, el uso de pesticidas en el campo, la depuración de las aguas residuales, la proliferación de plásticos…
Vamos a reflexionar sobre dos elementos del clima que son de actualidad en nuestro país: el frío y el calor. Respecto al primero, el Gobierno ha tomado algunos acuerdos para combatir el frío. Aunque los rigores de nuestros inviernos no son los que obligaban a las tropas de Julio César a invernar en la Galia, hay cinco millones de españoles afectados por la “pobreza energética”. Es decir, que carecen de medios económicos para pagar la electricidad o el gas con los que suavizar las gélidas temperaturas que nos aguardan. Por ello, el Gobierno ha aprobado un Decreto Ley, el pasado día cinco de octubre, de “medidas urgentes contra la pobreza energética”, en el que se amplían los requisitos del Real Decreto 897/2017, para acceder al bono social eléctrico, y se complementa con el “bono social térmico”.
Sin entrar en el nudo gordiano de la cuestión, sí detectamos que las oficinas comercializadoras están abarrotadas de ciudadanos para solicitar las ayudas. Esto nos lleva a perder horas para realizar cualquier gestión en esas oficinas, si no gestionamos el tema “online”. Pues las seis páginas en las que el solicitante ha de cumplimentar la solicitud del “bono social” presentan una complejidad superior a la de los textos bíblicos, y su hermenéutica ha de estar a cargo de un empleado de la “compañía”.
Pero el calor en los colegios no ha recibido el mismo tratamiento por las Autonomías. Porque electoralmente afecta a un colectivo que no puede votar. Las altas temperaturas, al finalizar el curso pasado y al comienzo del presente, han causado serios problemas en las aulas de gran parte de la Península. Problemas como cefaleas y lipotimias, que dificultan el aprendizaje. Según el Real Decreto 486/1997, la temperatura en los centros educativos debe estar entre los 17º y lo 27º. Por lo que CCOO denunció, ante la Inspección de Trabajo, el Curso pasado, el incumplimiento de esta norma en el CEIP S. Francisco, de Cájar, y el IES Generalife, de Granada. Esta Inspección ordenó a la autoridad educativa corregir el problema denunciado.
Por este mismo tema, el pasado día tres de octubre, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga en la Enseñanza no Universitaria en las provincias de Sevilla y Huelva, exigiendo mediadas contra el calor en las aulas, que se habían convertido en saunas.
El Presidente de Extremadura, por su parte, pedía recientemente “no llevar este problema a las aulas”. ¿Dónde lo llevamos entonces? ¿Al despacho de los funcionarios, que disfrutan de aire acondicionado? Aunque, siendo realistas, ¿se puede proveer de climatización a todas las aulas del país? Instalaciones eléctricas nuevas, elementos de los climatizadores, consumo, mantenimiento… ¿Quién pone de acuerdo a cada clase sobre la temperatura del aula? Es normal ver en los Institutos las ventanas de las clases abiertas en pleno funcionamiento de la calefacción, y todas las luces encendidas, a las once de la mañana, mientras disfrutan del recreo en el patio.
Creo que todo será posible cuando el gasto público se sienta como propio. Cuando en los centros educativos, profesores, alumnos y personal no docente aprendan a gestionar los recursos públicos, siempre insuficientes, como propios. Cuando la ética, y no la picaresca, vertebre la vida española. Porque, hasta ahora, mucha gente tiene por bandera el fraude en lo económico, en lo social y en lo académico.
(Publicado en IDEAL DE GRANADA, el martes, 16 de Octubre de 2018)