Durante los últimos años, Motril ha gozado de una presencia permanente en los medios de comunicación por la llegada de pateras cargadas de inmigrantes. En 2017, más de 3.800 personas desembarcaron en su puerto, levantando los dedos en señal de victoria o triunfo, tras la incierta y dramática travesía del Mare Nostrum, en cuyas aguas quedaron sepultados los sueños de muchos que lo intentaban. Calurosa acogida a unos cuerpos ateridos de frío y a unas almas valerosas, zarandeadas por la incertidumbre, que acaban de alcanzar la tierra deseada. Obligado reconocimiento médico para impedir que nos trasmitan algún virus nocivo, e internamiento en el CIE, que, según denunció recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz, el Sr. Maeztu, no reúne las condiciones necesarias para su función. Y ahí perdemos el itinerario en las estaciones del “viacrucis” que les conducirá al paraíso europeo o al punto de partida, el campo de espinos de su tierra patria.
Motril, pueblo acogedor, donde se mezclan razas y culturas heterogéneas, donde cada día vemos convivir a los nativos con africanos, asiáticos, suramericanos o rumanos, tanto en las labores agrarias, en ambulatorios como en las mesas del café Siglo XX, disfrutando plácidamente de un té moruno o de un café con churros, ha sacado a la calle, el pasado mes de mayo, a más de un millar de ciudadanos y a representantes de los partidos políticos, para decir “no nuevo Centro para inmigrantes”, al que parecía querer destinar el anterior Gobierno de España el EVA-9 (antiguo acuartelamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea). “Motril dice no al CIE”, rezaban algunas de las pancartas, debido “al perjuicio social y económico que este tipo de Centros puede suponer”. Al teniente de alcalde de Urbanismo, Sr. Escámez, también lo hemos visto unirse a la “marea anti”, movilizando a sus técnicos para detener las reformas del recinto e, incluso, precintarlo. La actitud de rebeldía se ha revelado, una vez más, el pasado martes, cuando el Ayuntamiento alojaba en el recinto municipal Nave de los Arcos a 72 inmigrantes, y el concejal de Servicios Sociales se vio obligado a justificarlo por razones humanitarias.
Cuando veíamos a Suiza, Austria o Eslovenia tomar medidas ante la avalancha de inmigrantes que accedían desde Italia, echábamos mano al artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Residencia que requiere vivienda, trabajo, educación, sanidad, ayudas sociales…, conforme a la citada Declaración. Realidades abstractas que incitan a que se rebele la “gente” cuando los inmigrantes se ubican en sus barrios y se le grava con mayores impuestos para ejercitar esos derechos. O cuando los extranjeros generan intranquilidad por sus comportamientos, como está sucediendo con la colonia rumana en el barrio granadino de La Chana.
Independientemente del debate sobre si la inmigración es por razones políticas o por razones económicas, lo que parece claro es que en nuestro espíritu anida una fuerte contradicción: junto a la fraternidad, al humanismo universal, se alberga el miedo a lo desconocido, al extranjero. Miedo que no suele cristalizar normalmente en xenofobia, pero sí contribuye a que los extranjeros formen guetos buscando calor a la hora de convivir y disfrutar del tiempo libre con sus paisanos. Miedo que saca a la calle a las masas para impedir que se construya una cárcel en su municipio o para que se supriman los Centros de Internamiento de Inmigrantes. Miedo que está en el origen del blindaje realizado contra los extranjeros en bastantes naciones, incluido Reino Unido.
Esperemos que estos pequeños problemas y los otros inherentes no desarrollados aquí, los resuelva Magdalena Valerio, flamante ministra de “Migraciones”, con Trabajo y Seguridad Social en su cartera.
(Publicado en IDEAL de Granada, el lunes 11 de Junio de 2018)