La corrupción continúa siendo la segunda preocupación de los españoles, tras el paro. Vocablo que afecta a numerosos procesos que comparten el sema de la descomposición, de la degeneración física o moral. Proceso al que está sujeta toda la naturaleza, toda la vida, toda la sociedad. Pero lo que más nos enerva es el soborno, el robo, el fraude y la malversación del dinero público para uso de los políticos y de las formaciones a las que pertenecen. Delitos que debe perseguir el poder judicial con leyes férreas emanadas del Parlamento. Pero estamos asistiendo al espectáculo esperpéntico y degradante de una cacería, donde los pitbulls se ensañan cuando olfatean la sangre de un animal herido.
Lapidar públicamente a los malhechores a las puertas de los juzgados, con cámaras, micrófonos e insultos verbales o gráficos, así como eternizar las comparecencias de los presuntamente afectados por delitos en los escenarios de los parlamentos puede que no consiga el efecto moralizador que pretenden alcanzar, sino que se convierte, más bien, en un ejercicio en el que arrojamos la agresividad individual y colectiva que acumulamos.
Si sacáramos el detector de corrupciones a la calle, no tardaría en bloquearse ante el aluvión de casos que registraría. Verbigracia (con vocablo arcaizante): el sistema de Dependencia, arma arrojadiza del Gobierno andaluz al Central, es una expresión solidaria de la sociedad con personas necesitadas de ayuda, al no poder valerse por sí, física o psíquicamente. Acabamos de conocer que el “plan de choque” de la Junta en este terreno, frente a los “fortísimos recortes” de Rajoy, suma 1.281 trabajadores al sistema, tanto para ayudas a domicilio, como para residencias y teleasistencia. Unas prestaciones tan bien acogidas, y liberadoras de tensiones en los familiares de los pacientes, acarrean gran rentabilidad a los políticos, pero no están libres de corrupción. Es corriente ver a personas que reciben ayuda a la dependencia en cualquiera de sus modalidades, porque carecen de “recursos materiales y humanos”. Efectivamente, sus herederos los han despojado preventivamente del patrimonio y de la cuenta bancaria. Viven en su casa, que ya no es suya, y perciben una pensión de viudedad o subsistencia. Los hijos disfrutan de una posición solvente, pero no tienen la obligación de cuidar a los padres, como los padres la tienen sobre los hijos. Papeleo al canto, y asistenta social que les limpia la casa, les da un paseo por calles y parques…, y satisfacción para la consejera de Igualdad y Políticas Sociales: más puestos de trabajo y más familias libres de cargas y felices. Y, especialmente, en época estival, en la que hay que despojarse de ropas y de “trastos viejos”, para el disfrute veraniego. Sin duda, ahí se encuentra un gran caladero de votos.
¿Por qué los contribuyentes tenemos que asumir los costes de la asistencia a domicilio o de una residencia, si los herederos tienen medios para sufragarlos? Si a los padres se les obliga al cuidado integral de los hijos, ¿por qué a los hijos no se les exige atención solidaria a los progenitores, cuando lo necesiten? El Estado (la sociedad) debe ser subsidiario, pero no puede asumir el cuidado absoluto de todos los ciudadanos por cualquier impedimento. Es un coste difícilmente sostenible.
Sobre las corrupciones que se dan en este campo, como en otros muchos que conocemos, y que nos tientan a diario, se habla y se escribe poco. Solemos mirar hacia otra parte y las justificamos como males menores: paro fraudulento, pagos sin IVA, reformas sin licencia… Educar es fundamental. Así como legislar, vigilar y sancionar al infractor.
Concluyo parodiando la Rima XXI de Bécquer: ¿Qué es corrupción?, preguntas, mientras piensas en González, Villar o Pujol. ¿Qué es corrupción? Corrupción… eres tú. Corrupción… somos todos.
Publicado en IDEAL de Granada, el domingo, 6 de Agosto de 2017