Recientemente, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca declaraba la certeza de que los “presupuestos” de Granada verán su segunda prórroga, al negarse la oposición a aprobar los presentados por el PSOE. Hecho que se está generalizando con la desaparición de las mayorías absolutas. Tanto en el Parlamento nacional como en los autonómicos, diputaciones y ayuntamientos.
A finales de enero, José María Rueda, Secretario General del PSOE de Granada Capital, publicaba un artículo en estas páginas, pidiendo apoyo a los presupuestos municipales por “responsabilidad” ante la situación económica del ayuntamiento, y exigía comprensión, renuncia a intereses partidistas y generosidad. La aprobación garantiza los servicios básicos, da seguridad a los proveedores y trasmite imagen de normalidad institucional. La prórroga sólo perjudica a los ciudadanos, y las consecuencias deberá sumirlas la oposición.
La argumentación del Sr. Rueda es de “manual”, impecable. La ofrecen todos los partidos que elaboran los presupuestos. Pero no la comparten cuando están en la oposición. Lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, donde es altamente probable que no se consiga la mayoría para aprobarlos. Y, especialmente, tras el nuevo cáncer que aflora en las carnes del PP con la “operación Lezo”. Y esto afecta al funcionamiento de todo el país: se paralizan las decisiones sobre educación, sanidad, seguridad social, dependencia… Con la gama cromática de partidos y Comunidades que luce en el Parlamento es muy difícil satisfacer las ideas y las exigencias de todos: es imposible, con unos recursos limitados, alcanzar el máximo beneficio para todos los ciudadanos; bastaría con hacerles el mínimo daño. No se puede, como va gritando la aspirante a gobernar el Reino, acabar, de un plumazo, con la austeridad, mientras no se generen recursos. Durante décadas hemos entregado el timón de la nave andaluza al partido de Susana, y ni ella ni sus ilustres antecesores, encausados, han logrado colocarnos a la cabeza del progreso español.
Si Granada tiene una deuda de 61 millones de euros, más un desfase negativo de 21 millones en el presupuesto vigente, más algunos milloncejos que se adeudan a la Rober y a particulares, por decisiones judiciales, habrá que ponerse el pijama de quirófano y cortar por lo sano. Subir el IBI un 36% en cuatro años resulta alarmante, y posiblemente excesivo e injusto. Apoyar esta medida es hacerse cómplice con el adversario que detenta el poder, y al que, por principio, hay que echar del cargo que ocupa, por mala gestión y servicio deficiente al pueblo. El Sr. Alcalde confiesa haber tomado ya algunas medidas profilácticas: reducción de concejalías, de cargos directivos, de coches oficiales, de horas extras de los policías… Diríamos que ha dado un calmante al enfermo que clama por la cirugía mayor. Dice que proponga la oposición, que es mayoría, en qué se recorta o de dónde se recauda. Y, a la inversa, la oposición, una gran parte de la cual debería callar durante largo tiempo (“pues de aquella su gestión, estas nuestras deudas”), dice que es el ejecutivo quien debe proponer el caladero para pescar recursos y el paño donde meter la tijera de los recortes. Para inmediatamente negárselos, por supuesto.
Es incomprensible la falta de sintonía existente entre los grupos políticos para tomar las decisiones menos malas para el pueblo. El “no” a todo es una característica del niño de tres/cuatro años, según A. Adler. Negación que emplea como recurso de autoafirmación frente a la autoridad de los demás. Podríamos ver la negación de los políticos como una regresión a esa etapa infantil, para buscar destacar frente al otro, aunque lleve razón. Se pedía romper con la dictadura de las mayorías absolutas, y parece una meta alcanzada e irreversible. Pero carecemos de partidos que sepan gestionar en este contexto.
(Publicado en IDEAL de Granada, el martes 3 de Mayo de 2017)