Corrían los años ochenta, cuando una mañana de lunes regresaba a mi Instituto de la sierra onubense. Por los aires de Estepa se saboreaba ya la Navidad. Y, a través de las ondas, Luis del Olmo, en su programa Protagonistas, entrevistaba a Amando de Miguel, sociólogo relevante del momento, aún no afectado por el virus de la burbuja inmobiliaria que lo ha arrojado al estado de “menesterosidad”. Hablando sobre la enseñanza en nuestro país, dijo que “en España sólo falta que a los que nacen se les inscriba en el Juzgado con el título de Doctores”.
Esta aparente hipérbole no se me ha ido del pensamiento, y me ha servido, desde entonces, para cotejar los niveles de formación que ha ido alcanzando la juventud con la que yo he tenido contacto. Formación, evidentemente, muy dispar. Y por muy variados motivos. Pero hace mucho tiempo que un sector de la progresía política ha logrado la supresión de “evaluaciones externas” para las titulaciones en la Enseñanza Media. Sólo se ha mantenido la Prueba de Acceso a la Universidad, que hoy está en el aire. Y no en el aire como primer principio metafísico para Anaxímenes, sino como el viento de Zapatero, al que pertenece la Tierra, y arrasa todo saber.
La huelga general del 26 de Octubre contra las reválidas comenzó a desvestir a Rajoy en la víspera de su investidura. El Ministro de Educación, entonces en funciones, anunciaba que, “cuando haya un Gobierno, se tomarán las medidas y se actuará en consecuencia”. Y el 27, Rajoy tiende la mano de la concordia al pulso de la oposición: “paralizar los efectos académicos de la LOMCE, hasta que haya un consenso en la materia”. Pulso que el pasado martes le dobla el brazo, al acordar el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de para frenar el calendario de implantación de la Ley.
La CEAPA considera los exámenes externos como “un modelo pedagógico arcaico” que fue sustituido por la evaluación continua. Modelo que desvirtúa los “objetivos primordiales de la educación”. Para el Sindicato de Estudiantes las reválidas son expresión de un sistema represivo. Y, en general, este frente plantea las graves consecuencias para los que queden fueran del sistema educativo al no superar las pruebas.
Es evidente que todas estas valoraciones tienen su parte de verdad. Pero debemos pensar que las cosas son más complejas de lo que ofrecen análisis simples. Las pruebas externas muestran las competencias adquiridas por los alumnos, la eficiencia del profesorado, así como los condicionamientos socioeconómicos que determinan los resultados. ¿Qué medidas pueden tomarse desde la Administración política y educativa si se desconocen las causas del fracaso escolar? Cuando los alumnos de Primaria acceden a Secundaria, son constantes las quejas de los profesores por el bajo nivel en Matemáticas, Lengua castellana y extranjera, en comprensión y expresión escrita. ¿Y qué cuentan los profesores de Universidad?
Satanizar las pruebas externas en Primaria no tiene sentido, si se usan para conocer las deficiencias y emplear los medios para subsanarlas. Y, en Secundaria, exactamente igual. Pero no todos los alumnos tienen el nivel para continuar en Bachiller. ¿Cómo se determina?
El “Pacto por la Educación” puede diseñar perfectamente el modelo de formación que exige la sociedad futura. Pero, ¿tienen nuestros Diputados los trabajos de campo que diagnostiquen las causas del fracaso escolar? ¿Se van a erradicar con la nueva Ley pactada? Y el acceso a la Universidad, ¿se hace con las notas de los Centros? ¿Lo determina cada Facultad dentro de cada Autonomía? ¿Se prepara en Academias “especializadas”?
Hagamos votos para que nuestros diputados consensúen una “Ley de Formación” eficiente, porque una “ley de educación” será difícil, vistas las formas, comportamiento y absentismo que muchos exhiben en el Hemiciclo.
(Publicado en IDEAL de Granada, el lunes 21 de Noviembre de 2016)