Durante este mes de junio un número importante de ciudadanos se ve sometido a pruebas objetivas que muestren su nivel, aptitud o capacidad para acceder a una carrera universitaria o para obtener una titulación que les abra las puertas del mundo laboral. Paralelamente estamos soportando el fin del “concurso político” que se inició en septiembre de 2015, suspendió en diciembre, e intenta “recuperar” en la prueba extraordinaria de junio.
El acceso a un puesto de trabajo en la Administración nos ha obligado a una larga preparación y a superar una oposición o concurso-oposición ante un tribunal cualificado, así como un período de prácticas. Igualmente en la empresa privada piden un currículum a tenor del trabajo que hay que desarrollar y un período de tiempo en el que el trabajador demuestre su capacitación y eficiencia.
Pero el mundo de la política, que vela por la justicia, la equidad y, últimamente, por la ética en todos los sectores, no quiere aplicar a su sector las normas más elementales del mundo laboral, empresarial o administrativo. El Sr. Rajoy, ante el constante acoso de las fuerzas emergentes, opina que no se puede desembarcar en el puerto de la política nacional sin haber desempeñado, al menos, un cargo de concejal. Pero ese reiterado slogan de campaña se queda corto.
A lo largo de la historia el elenco de personas que han ejercido como gobernantes, ha sido muy variado. En la Ciudad-Estado griega todos los ciudadanos formaban parte de la “ecclesía”, del Parlamento. Posteriormente, el poder irá estando en manos de los poderosos: patricios, en Roma, nobles en la Edad Media, burguesía con el Rey, frente a la nobleza. Hasta que se instala el parlamentarismo, tras la dictadura de Cromwell (1649) y la Revolución Gloriosa (1868).
Durante este siglo y medio de “parlamentarismo” el acceso a las Cámaras nacionales y a los Consistorios locales ha ido cambiando a una mayor democratización. Pero es el momento de plantearse si los requisitos para gestionar lo público a nivel local, autonómico o nacional son los apropiados. ¿Por qué para acceder a un trabajo público o privado hay que demostrar unas capacidades, y para el desempeño de un cargo político no se exige nada más que la benevolencia de los camaradas del partido o la sumisión al “jefe”? No cabe duda de que, frente auténticos patanes, en política encontramos a gente preparada en Derecho, Economía, Ciencias Políticas… Pero habría que dar un paso más, y, como en cualquier otra profesión, pasar una primera selección en conocimiento de la Constitución, de la Historia Universal y de España, de los Sistemas Políticos y Económicos, de Ecología, del área de la Administración a la que se quiere optar, así como dotes de relaciones públicas y gestión, independientemente de su opción política, entre otras.
A partir de ahí, un período de prácticas razonable, con una evaluación objetiva, darían la cualificación para el ejercicio de cargos políticos en los niveles correspondientes. Y con ello evitaríamos que personas sin los mínimos conocimientos en Sanidad o Agricultura fueran titulares de esas áreas, y se rodearan de “asesores amigos” para paliar su ineptitud, a costa de unos sueldos que no deberíamos soportar los ciudadanos. Del mismo modo, habría que preocuparse no sólo de la ética, tan partidistamente utilizada en estos momentos, sino de la eficiencia. Y no mandar al Parlamento Europeo o al Senado a un político que ha realizado una gestión nefasta en una alcaldía, en un ministerio o en una consejería. Porque, si somos sinceros, y parodiando a Séneca, cui prodest hoc? ¿A quién beneficia esto?
(Publicado en diario IDEAL, de Granada, el 20 de Junio de 2016)