Desde hace más de treinta años, los agricultores de la Costa granadina vienen pagando un impuesto, llamado “Canon de las Tarifas”, antiguamente “Carta de Málaga”, con el que, supuestamente se amortizaban los gastos de las nuevas canalizaciones realizadas desde el Azud de Vélez, así como los de mantenimiento de las mismas. El importe por marjal, hasta 2004, se negociaba con los representantes de las Comunidades, y se recaudaba de cada propietario por ingreso bancario, tras notificación postal certificada.
Estas notificaciones, y la consiguiente recaudación, dejaron de efectuarse desde el año 2005. Por lo que la maltrecha economía rural se vio aliviada, ya que sólo había que desembolsar la cuota comunitaria para gastos de la Sede, administración, reparación de ramales y acequieros, así como la contribución o Impuesto de Bienes Rústicos.
Pero, ante la sorpresa de todos, la Junta ha dado un giro al tema: exigencia a cada Comunidad del montante anual de las Tarifas de sus comuneros, y ha ido notificando a las mismas el cobro, para evitar la prescripción, que ya ha sucedido con el 2008. Este asunto afecta a cinco Comunidades de la Costa. Por lo que se hallan en litigio con la Administración Autonómica. Porque no es muy razonable ni justo el cambio de Ley en la materia, ya que los impagos de los propietarios por morosidad, defunción, abandono de tierras…, los tiene que sufragar el resto de comunitarios hasta que la Justicia dictamine el cobro. ¿Se pide a una Comunidad de vecinos el montante del I.B.I. del bloque?
Las Comunidades afectadas adeudan a la Junta ocho anualidades: un total de 4 millones de euros. De los cuales, en mayo de 2013, ya han tenido que depositar medio millón, como aval, por el Recurso de las Tarifas de 2009. Y en Septiembre ha llegado la notificación del cobro de las Tarifas del 2010. Para las que también se va a presentar Recurso. Y habrá que recaudad otro medio millón de euros para el aval. Están, además, pendientes las del 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013. Notificaciones que cursarán cuando necesiten recursos, es decir…
¿Tienen los ciudadanos que cargar con los errores, olvidos o negligencias de la Administración? ¿Tienen derecho o ética nuestros representantes para cargar en un par de años los impuestos de ocho años? Derecho, sí, porque ellos cambian la ley, como hemos visto, a su servicio y antojo. Ética, no. ¿A dónde han ido los 80 millones de euros librados para las canalizaciones de Rules? La respuesta es que, al no haber “proyecto”, cambiaron de destino. ¿Qué destino tomarían…? ¡Hay tantos…! ¿Verdad? Y, mientras, crece la indignación de los agricultores almuñequeros al ver que el agua no les llega por la prometida “tubería negra”, sino que se envía alegremente Guadalfeo abajo hacia el mar.
Para Kant, el hombre sólo tiene dignidad porque puede participar en la moralidad, y tiene tanta dignidad como moralidad. Es, por tanto, inmoral emplear a los hombres como simples medios para sus fines: los recaudatorios, en este caso.
Podemos dar un paso adelante: parte de los Municipios de la Costa reciben el agua de Rules, y les llega por las canalizaciones que están pagando los agricultores. ¿Por qué, entonces, no comparten esas poblaciones los costes de las Tarifas que sufraga el campo? También se le ha planteado el tema a la Administración. La respuesta ha sido el silencio del Consejero/a o Director/a General de turno.
El pueblo está callado, más por ignorancia que por insensibilidad o indolencia, pues tiene pendientes la catarata de atrasos ya enumerados y la costosa modernización de los regadíos, si algún día la Administración libra dinero para las canalizaciones. Esperemos que, para entonces, los agricultores sigan siendo propietarios de la tierra, y no las entidades bancarias, los inversores rusos o los asiáticos.
Publicado en IDEAL de GRANADA . COSTA (El miércoles, 6 de Noviembre de 2013)